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¿Y el 2010? Dios dirá.
@S. McCoy - 09/02/2009
Este fin de semana he llegado a una terrible conclusión: el nivel de estupefacción del ciudadano medio ante las notorias muestras de incapacidad de nuestros dirigentes ha tocado suelo. Sólo así se puede interpretar la ausencia completa de reacciones ante unas de las declaraciones más reveladoras que ha vertido un ministro en lo que va de crisis. Y mira que hay donde elegir. La actriz principal, la responsable de Administraciones Públicas, Elena Espinosa. El tema en cuestión, el Plan de actuaciones públicas a través de los Ayuntamientos. El escenario del crimen intelectual, como no podía ser de otra manera, el Parlamento. La cuantía en juego, ni más ni menos que ocho mil millones de euros.
El disparate, doble. Uno, el reconocimiento, se puede decir más alto pero no más claro, de que las medidas propuestas son solamente “pan para hoy”, esto es: carecen de continuidad futura, se agotan en sí mismas. Justo lo que la España de la ceja necesita. Frente a lo estructural, lo accidental. Que los grandes problemas se resuelven solos, como todo el mundo sabe. Eso sí, mientras vamos acabando poco a poco con nuestro margen fiscal de maniobra. Que no falte. Dos, frente a la laicidad propugnada desde el sector más progre del ejecutivo, un guiño a la Providencia, coincidiendo con la visita del Cardenal Bertone: “¿el 2010?, Dios dirá”. Les voy a dar un consejo a nuestros gobernantes: visto lo visto, casi mejor que no le hagan hablar, no vaya a ser que salgamos aún peor parados. Que es fácil recordar lo de Al César y difícil aplicar el A Dios rogando. Es lo que tiene.
Sin embargo, el problema no es tanto la idoneidad o no en términos político-electorales de las palabras de la encargada de ese negociado, que es poca o ninguna y se ha visto tapada por los escándalos de corrupción que han salido como setas en la acera del PP, sino la dosis de verdad que las mismas encierran. Y no se puede negar que, desgraciadamente, van muy pero que muy bien encaminadas. Uno podría pensar que, después de la absurda iniciativa de los 400 euros, plasmación absurda del A consumir que tan alegremente proclamara nuestro presidente, empezaríamos a ver alguna iniciativa que superara el ámbito de lo inmediato para entrar en la necesaria reforma tanto del modelo económico-productivo de España, como de su estructura de estado. Pues bien, esta propuesta gubernamental prueba bien a las claras que no es así. Se buscan actuaciones de ámbito temporal limitado de la mano de unos actores sospechosos, como son las corporaciones locales, sin que se tenga la certeza de que cumplirán el fin para el que han sido pergeñadas. Miel sobre hojuelas.
Alguno se podrá llevar las manos a la cabeza con la afirmación que cierra el párrafo anterior. Es muy libre de hacerlo. Pero miren, les voy a decir un secreto a voces. Gran parte de los ayuntamientos de este país están en una situación económica extremadamente delicada. No pagan no porque no quieran, que puede que también, sino porque literalmente no pueden hacer frente casi ni a sus gastos corrientes. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha tenido para ellos consecuencias dramáticas. Los ingresos derivados de la misma se han secado completamente, hasta el punto de que hay licencias concedidas que nadie recoge. Dado que la política local se contemplaba como el vivo al bollo, no ha habido administración de los recursos físicos disponibles y, más al contrario, han proliferado las actuaciones corruptas derivadas de la capacidad para enriquecer o arruinar a un paisano con un simple dedo arriba o abajo. Lo que asoma es la punta del iceberg. Pero la mínima parte de la mínima parte, vamos.
Por el contrario, la riqueza generada sirvió para que, más allá de sus tradicionales responsabilidades de limpieza, alumbrado, jardinería o seguridad, mucho ediles cayeran en la tentación de la megalomanía lo que permitió que proliferaran como churros, aun en los términos municipales más pequeños, auditorios, polideportivos, tanatorios y similares. Instalaciones todas ellas que ahora reclaman su cuota de personal, mantenimiento y conservación. Más gastos a añadir a la merma de los recursos. Eso por no hablar de esas ciudades fantasmas, que van a tardar muchos años en perder ese adjetivo calificativo, que requieren igualmente de los oportunos servicios públicos. Sé que el problema es mucho más amplio pero dejémoslo de momento aquí, que llegamos a la cuestión clave: frente a esto, ¿qué ha hecho nuestro gobierno?
Confundir, de nuevo, la democracia con la demagogia. En lugar de utilizar criterios de generación de riqueza a largo plazo para la colectividad, medida en los términos que hemos señalado con anterioridad, a la hora de aprobar las actuaciones, ha preferido apostar por la mejora del bien estar, separémoslo para que quede claro, de los ciudadanos de modo indiscriminado a través de pequeñas obras en casi todo el territorio nacional. Y para ello no ha dudado en echarse en brazos de unos gestores probadamente ineficientes como son los municipios, instituciones en las que se delega, a su vez, la ejecución de los proyectos. Casi nada. Y todo ello a sabiendas de que la potencial generación de empleo que persigue es limitada en tiempo y cuantía y que, lo que de estable se puede derivar de él, está contaminado, precisamente, por la imposibilidad de los ayuntamientos para financiarlo. ¿Cómo lo ven? Buena semana a todos.
