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Con la presencia del Secretario de Estado de Economía, D. José Manuel Campa, el Consejo Asesor de Expansión y Actualidad Económica debatió el 1 de marzo de 2011 la situación económica y el programa de reformas en curso en nuestro país.
Visión general
El Secretario de Estado destacó que España está logrando superar el problema de pérdida de confianza internacional que vivió en 2010, especialmente tras la intervención de la Unión Europea en apoyo de Irlanda, un país que –al igual que España- las autoridades europeas consideraron, hasta poco antes del inicio de la crisis financiera internacional, un ejemplo de éxito de integración en el euro.
Esa mejora en la confianza internacional hacia España ha sido fruto de los avances en el diagnóstico de nuestros problemas y de reformas básicas en tres ámbitos claves:
- Sistema público de pensiones;
- Sistema financiero y, en particular, Cajas de Ahorro; y
- Mercado de trabajo
La reforma del mercado de trabajo está todavía a medias, pues las medidas adoptadas el pasado verano deberán complementarse con la reforma de la negociación colectiva.
Esas tres grandes reformas deberán verse complementadas por otras todavía pendientes, entre las que destacan:
- La eliminación del déficit de la tarifa eléctrica;
- La liberalización y reforma del sector servicios y, en especial, los servicios profesionales;
- La mejora de la gestión de ciertos servicios básicos, como la infraestructura aeroportuaria, objetivo hacia el que se orienta la anunciada privatización de la Agencia Estatal (AENA).
Con todas ellas se pretende reforzar el papel de los mercados como instrumento de disciplina económica. Aunque esas reformas son necesarias, el Secretario de Estado destacó que la Comisión Europea ha considerado que, si excluimos el comercio minorista, España ha sido uno de los países que ha transpuesto más escrupulosamente la “Directiva Bolkenstein” sobre liberalización de servicios.
En materia macro-económica, el año 2010 se cerró con una tasa de crecimiento del PIB del -0,1% y una evolución del déficit de las Administraciones públicas (9,24% del PIB) en línea con lo previsto por el Gobierno.
La única desviación adversa en 2010 se produjo en la tasa de desempleo, que supero el 20%, frente al 19,3% previsto.
Tras esa intervención inicial, algunos participantes mostraron su desacuerdo radical con la panorámica general trazada por el Secretario de Estado, pusieron en duda que la política económica española pueda recobrar credibilidad internacional sin un previo cambio de Gobierno y negaron que las reformas emprendidas tengan la intensidad y profundidad requeridas. Otros manifestaron preocupaciones y críticas más concretas, lo que suscitó el debate que se resume a continuación.
Perspectivas macro-económicas
Crecimiento del PIB en 2011
Las discrepancias entre la previsión de crecimiento anual del PIB efectuada por el Gobierno (1,3%) y las efectuadas por otras instituciones y por analistas privados (en promedio…) surgen, en esencia, de ligeras diferencias sobre el comportamiento del sector exterior y del consumo privado.
En lo que atañe al sector exterior, las cuestiones esenciales son:
1. La tasa de crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios.
El Gobierno parte de la previsión de que las exportaciones españolas mantendrán un crecimiento parecido al del comercio mundial –que incluye la influencia expansiva de China, India, Brasil y los demás países emergentes-, bastante superior al del crecimiento de las importaciones de los países industrializados y, sobre todo, europeos, tradicional destino de las exportaciones españolas.
Se recordó que, desde el inicio de la crisis financiera internacional, las exportaciones españolas han tenido, dentro de la zona euro, el segundo comportamiento más favorable, sólo superado por Alemania.
Otros subrayaron, sin embargo, que la existencia de un elevado nivel de “comercio intra-industrial” o “vertical” (por ejemplo, exportaciones de vehículos fabricados con incorporación de piezas de importación) desaconseja guiarse por las cifras aisladas de exportaciones, cuya pujanza no está siempre vinculada a una mejora del déficit comercial.
2. La previsión de aumento de las importaciones, especialmente cuando la demanda interna vuelva a crecer.
Para el Gobierno, en la fase expansiva anterior la propensión media a importar de la economía española estuvo sesgada al alza por el boom inmobiliario: se estima que la inversión en vivienda residencial tenía un componente importado de entre el 20 y el 25%. Superada esa fase, la inversión volverá a su patrón habitual, y podrá tener incluso cierto componente exportador.
En lo que atañe al consumo privado, la cuestión esencial será hasta qué punto el proceso de des-endeudamiento (“des-apalancamiento”) que están viviendo las familias permitirá que atemperen en parte el intenso aumento de la propensión a ahorrar que han mostrado tras el inicio de la crisis económica.
Para algunos, la continuación del proceso de des-apalancamiento del sector privado en su conjunto no permitirá una reactivación significativa del consumo privado y la demanda interna.
Los mercados financieros ya barruntan un próximo endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), dirigida en gran medida a contrarrestar el efecto inflacionista de las recientes tensiones geopolíticas y el encarecimiento del petróleo, y esa subida de los tipos de interés “nos va a pillar con el pie cambiado”.
Se señaló, sin embargo, que para España y sus empresas tendrá mucha mayor trascendencia la evolución de nuestra prima de riesgo (spread) frente a Alemania, cuyos vaivenes tienen mucha más intensidad que cualquier eventual subida de tipos por el BCE.
Competitividad y crecimiento económico a medio plazo
Las críticas frecuentes a la falta de competitividad de la economía española no toman suficientemente en cuenta –se dijo- la existencia de un amplio conjunto de Pymes españolas que, poco conocidas por la opinión pública y objeto de insuficiente atención por los medios de comunicación, tienen ya una gran presencia internacional.
Ese fenómeno es especialmente acusado, por ejemplo, en algunas zonas de tradicional vocación industrial –como el País Vasco-, cuyas empresas han sido objeto de atención por algunos medios de comunicación extranjeros (por ejemplo, el Daily Telegraph británico).
Se señaló, no obstante, que:
- Ese sector de pymes competitivas no es suficientemente representativo del tejido empresarial español.
- No existe todavía en España la suficiente “cultura empresarial” y espíritu emprendedor.
Una de sus múltiples manifestaciones es el culto por la vivienda en propiedad, y por dejar a los hijos un piso, más que un negocio. En España, se dijo, hay demasiada gente “larga” de vivienda en propiedad y sería deseable desarrollar mucho más la vivienda en alquiler. Otra manifestación es el deseo de muchos jóvenes por tener un empleo público: “faltan empresarios y sobran funcionarios”, se dijo.
- Los grandes pilares de nuestra exportación de bienes y servicios (turismo, automóviles…) no son de elevada tecnología, sino muy sensibles al factor precio. De ahí que puedan verse lastrados por la pérdida de competitividad en precios y costes experimentada por la economía española durante los últimos años.
Se destacó que la competitividad de la economía española se vería favorecida por una integración económica más estrecha de los mercados de trabajo y economías de la Unión Europea, que facilite el cambio de residencia a España, con portabilidad plena de sus derechos, de trabajadores extranjeros en régimen de jubilación parcial.
Como corolario del insuficiente dinamismo de la estructura económica y de la ganancia de productividad de los factores, se puso en tela de juicio el realismo de la tasa de crecimiento tendencial del PIB del 2,5% anual utilizada en las previsiones del Gobierno a partir de 2012, que en la práctica podría estar más cercana al 1,5% anual.
Consolidación fiscal y reforma del gasto público
El año 2010 se cerró con un déficit presupuestario del conjunto de las Administraciones Públicas ligeramente del 9,24% del PIB, cifra ligerísimamente inferior a la prevista en el Plan de Consolidación: la desviación al alza del déficit de varias Comunidades Autónomas se vio compensada con el efecto contrario en el Estado.
A juicio del Gobierno, el objetivo previsto del 6% del PIB en 2011 es factible, “aunque habrá que trabajar para conseguirlo”. Otros, sin embargo, se preguntaron qué medidas concretas estaban previstas para lograr ese objetivo.
Como factor positivo, los ingresos obtenidos en 2010 han superado la previsión, lo que facilita el cumplimiento de los objetivos de ingresos previstos para 2011.
En materia de gasto público, con las únicas excepciones Cataluña y Baleares, todas las Comunidades Autónomas han aprobado ya sus presupuestos para este año, con una reducción media del gasto público del 6%. Todas informarán con carácter trimestral de su ejecución presupuestaria, como hace ya el Estado con carácter mensual. La refinanciación de sus deudas no debe plantearles graves problemas, pues el conjunto de todas sus deudas apenas rebasa el 10% del PIB español.
Algunos señalaron que el reciente cambio de Gobierno en Cataluña ha puesto de manifiesto que en las cuentas de las Comunidades Autónomas hay mucho “déficit escondido bajo las alfombras”, que sólo aflora cuando cambian los gobernantes.
Otros recordaron, sin embargo, que inflar el déficit heredado de un Gobierno saliente para poder mostrar pronto significativas mejoras es una estratagema política casi universal.
Se criticó el excesivo tamaño del sector público en España y, sobre todo, el significativo aumento del empleo público que se ha registrado en los años de crisis. Otros, señalaron, sin embargo, que el problema en España no es el tamaño absoluto del sector público, que es en la zona euro uno de los más pequeños, tanto medido en términos de gasto público o ingresos públicos como proporción del PIB. Los verdaderos problemas estriban en:
- El desequilibrio o déficit estructural entre ingresos y gastos públicos, ya que estos crecieron en los últimos años en paralelo a unos ingresos cuyo crecimiento estuvo muy vinculado al sector inmobiliario.
Así, por ejemplo, el tipo medio de IVA satisfecho por los ciudadanos en la compra de bienes corrientes es de aproximadamente el 8,2% de su renta anual. El tipo de IVA aplicable cuando compran una vivienda es del 7%, pero como el valor de aquella es siempre varias veces superior a la renta anual de comprador, su efecto recaudatorio como proporción de la renta de los ciudadanos es muy elevado durante los períodos de boom inmobiliario.
En presencia de unos gastos rígidos, la súbita reducción de los ingresos públicos vinculados a las transacciones inmobiliarios ha hecho aflorar un elevado déficit presupuestario en las Administraciones públicas. Una forma de reducirlo sería trasladar la tributación desde las transacciones inmobiliarias (variable flujo) hacia la propiedad inmobiliaria (variable “stock”).
- Cierto grado de solapamiento competencial entre los distintos niveles de la Administración pública, en detrimento de la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
- La existencia de unas “retribuciones de miseria” para ciertos empleados públicos (médicos, profesores…) que prestan servicios tan esenciales como la enseñanza o la sanidad.
Hubo acuerdo general en que ya no basta una mera política de “recortes” que se apliquen de forma lineal al conjunto de partidas del gasto público. Resulta precisa una política mucho más selectiva y enérgica, que evalúe con rigor la verdadera utilidad y eficiencia de las distintas partidas y programas de gasto, y no acepte el “mito” de que ciertas partidas –por ejemplo, los gastos en infraestructura o las televisiones públicas- son siempre útiles.
Reforma del sistema financiero
El Gobierno, como complemento de las medidas de reforma de las Cajas de Ahorros aprobadas en julio del año pasado, estableció el pasado de febrero un requisito mínimo de recursos propios del 10% a las entidades de crédito que no posean accionistas privados y dependan para su financiación de los mercados financieros mayoristas.
La iniciativa responde a varias consideraciones:
- El sistema financiero español adolecía hasta ahora de una grave deficiencia estructural: las Cajas de Ahorro, que representaban el 50% del sistema crediticio, carecían de mecanismos efectivos para captar recursos propios.
- Es cierto que incluso antes de la reforma de julio de 2010 podían captar capital de primer nivel mediante la emisión de cuotas participativas. Pero con la excepción testimonial de la emisión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en vísperas de la crisis, ni una sola Caja de Ahorros ha captado recursos propios en los mercados, en vivo contraste con la experiencia de los bancos, que han venido ampliando capital desde el comienzo de la crisis.
Esa debilidad inherente a la estructura fundacional de las Cajas, oculta mientras en tiempos de bonanza los mercados mayoristas internacionales ofrecían abundante financiación a todas las entidades de crédito, ha venido produciendo –sobre todo desde noviembre pasado- un problema sistémico de falta de credibilidad del conjunto del sistema financiero español.
La transformación de esa debilidad estructural en fuente de “riesgo sistémico” para España y su sistema financiero hacía urgente, tras la crisis vivida por Irlanda, que nuestro país adoptara medidas de gran impacto.
La exigencia de un nivel de recursos propios del 10% no supone una discriminación injustificada contra las Cajas, pues se aplica a cualesquiera entidades que, sin ser capaces de captar recursos propios, sean dependientes de los mercados financieros mayoristas.
Las medidas adoptadas, aunque drásticas, han resultado eficaces: tras su aprobación por el Gobierno, la reacción de los mercados financieros internacionales ha sido inequívocamente favorable.
Los “sistemas institucionales de protección” (SIP) han permitido acelerar la restructuración del sector de Cajas.
El amplio uso de esa vía tras la nueva exigencia de un elevado nivel de recursos propios ha respondido exclusivamente a un deseo de facilitar una captación rápida de recursos propios en los mercados, no a un convencimiento de que el régimen de gobierno corporativo consagrado para las Cajas de Ahorros por la LORCA de 1985 hubiera consagrado en ellas un peso de las Comunidades Autónomas imposible de cambiar por razones políticas.
El mercado de préstamos hipotecarios españoles presenta algunos rasgos singulares que han protegido los balances bancarios de los efectos de la innegable burbuja inmobiliaria: el conocido sistema de “provisiones anti-cíclicas”; el carácter universal (“con recurso”) de la responsabilidad de los deudores hipotecarios, que no quedan liberados por la dación en pago del inmueble hipotecado; o el apego por mantener la propiedad de la vivienda, una inclinación que –acaso criticable por los motivos económicos antes señalados- reduce la morosidad de la cartera hipotecaria sobre primeras residencias.
El tamaño relativo de los riesgos inmobiliarios en España es muy inferior al de Irlanda, cuyo sector financiero alcanzó un tamaño desmesurado respecto al PIB irlandés.
Incluso en los escenarios más pesimistas, las pérdidas latentes para el conjunto del sistema bancario español no sobrepasaría los 150.000-175.000 millones de euros, una cifra asimilable gracias a las provisiones acumuladas, las reservas existentes y los beneficios anuales generados por el sistema (especialmente si no se redujeran mucho como consecuencia de una “guerra del pasivo”).
Las entidades de crédito han sufrido, sin duda, el grave impacto de la crisis inmobiliaria, pero ya han hecho grandes saneamientos y ahora “toca recapitalizar”, en una suerte de “operación acordeón”.
En el caso de algunas Cajas, una parte de esa recapitalización deberá hacerse con cargo al Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB). Pero las inyecciones precisas de fondos públicos tienen un importe asumible y, a diferencia de lo ocurrido en otros países, no entrañará un súbito aumento del nivel de Deuda Pública en 30 o 40 puntos del PIB.
El grueso de la recapitalización deberá hacerse apelando a los mercados privados de acciones, lo que constituirá un saludable mecanismo de disciplina financiera para las entidades.
El endeudamiento privado de las empresas españolas corresponde primordialmente al sector financiero y al inmobiliario: el resto de las empresas no están excesivamente apalancadas. Es cierto que el nivel agregado de crédito al sector privado no podrá crecer en el futuro inmediato; pero debiera reasignarse hacia las empresas más dinámicas, y hacia las familias y empresas menos apalancadas.
Frente a ese punto de vista relativamente optimista, otros participantes señalaron que:
- Los balances de las entidades podrían contener más activos dañados que los declarados, siguiendo esa conocida regla de experiencia en las crisis bancarias de que “los peores créditos son los que no aparecen en mora”.
Ello podría deberse, entre otros factores, a que los precios del sector inmobiliario no han sufrido todavía una baja suficiente, y los escenarios hipotéticos de reducción de precios utilizados en las pruebas de tensión (stress tests) pudieron no ser plenamente realistas
- La idea anglosajona de que la ruptura de las burbujas inmobiliarias acarrean casi siempre una crisis bancaria tiene un sólido fundamento empírico, como muestra el célebre estudio de Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart “This Time is Different”.
- En situaciones difíciles, los supervisores bancarios siempre se enfrentan a un dilema: si son muy rigurosos en la aplicación de los criterios de valoración y normas prudenciales, pueden obligar a algunas entidades a declararse con escasa solvencia, lo que puede provocar un drástico efecto contagio que cierre también a todas las demás el acceso a la financiación. De ahí su frecuente tendencia a cierta lenidad o tolerancia (forebearance).
De ser cierta esa hipótesis de que el saneamiento del activo es todavía insuficiente en muchas entidades, resultaría preferible efectuar un saneamiento drástico y completo antes de proceder a la búsqueda de nuevos recursos propios.
- El Gobierno confía en exceso en la capacidad de las Cajas para, tras su conversión en bancos, obtener de inversores institucionales, fondos soberanos y otras fuentes del mercado el capital preciso para alcanzar el elevado nivel de capitalización que las normas españolas les exigirán, con varios años de antelación respecto a la entrada en vigor del Acuerdo de Basilea 3.
Está bien que el Gobierno confíe en los mercados como elemento disciplinante, pero la capacidad de absorción de éste tiene límites, y puede resultar imprudente imponerse plazos demasiado perentorios y precipitados.
- La conversión de las Cajas en bancos ha permitido sortear la politización inherente a las primeras, como resultado del desarrollo del Estado de las Autonomías. Ahora bien, en la medida en que ese nivel de politización pervivirá en las Cajas o fundaciones que pasen a ser accionistas de referencia o control en los nuevos bancos, o pudieran pasar a ostentar paquetes accionariales significativas en bancos ya existentes si llegaran a fusionarse o ser absorbidos por ellos ¿no podría entrañar el riesgo de que la politización contamine ahora la figura de los bancos?
Pensiones y mercado de trabajo
Algunos elogiaron las reformas anunciadas en el sistema público de pensiones –el alargamiento de la edad de jubilación y la ampliación a 25 años del período de cómputo de la base reguladora de la prestación- y confesaron que no creían que el Gobierno tuviera el coraje preciso para impulsarlas. Otros señalaron, sin embargo, que su efecto, aunque beneficioso para la Seguridad Social, será adverso para las empresas, puesto que les encarecerá los expedientes de regulación de empleo (ERE) que tengan que llevar a cabo, ya que deberán indemnizar a quienes, bajo el régimen anterior, podrían haberse ya jubilado.
Hubo acuerdo general en que la reforma del sistema de negociación colectiva es una cuestión clave.
El contenido de las negociaciones que han mantenido hasta ahora los interlocutores sociales suscitó opiniones encontradas: mientras que para unos la declaración de principio con que se inició tuvo un contenido meramente retórico, para otros se vienen discutiendo cuestiones muy sustantivas (entre ellas, por ejemplo, una mayor vinculación entre aumentos salariales y mejoras de la productividad).
Se advirtió por algunos que el Gobierno no debiera fiar el éxito de la reforma a un posible consenso entre los interlocutores sociales antes del próximo 28 de marzo, sino que debe señalarse una “hoja de ruta” que consagre varios principios:
- La primacía de los acuerdos de empresa sobre los convenios de ámbito superior –como los Convenios provinciales o regionales, que en la actualidad tienen una influencia decisiva-.
- La reducción a un año de la duración de los convenios, frente a los 3 o 4 que duran en la actualidad.
Se recordó, no obstante, que el margen de intervención del Gobierno en esta materia tiene límites, puesto que la negociación colectiva es un derecho que la Constitución reconoce a los trabajadores.
El euro y el Pacto de competitividad
Los debates recientes en el seno de la Unión Europea y del eurogrupo se han caracterizado por varios rasgos:
- Mientras que en el seno del G-20 Estados Unidos está presionando con eficacia para que el proceso de ajuste de los desequilibrios de las balanzas de pagos sean simétricos y exijan un esfuerzo de expansión de la demanda interna en los grandes países acreedores –como China o Alemania-, en la zona euro el debate está teniendo carácter asimétrico, pues pone el énfasis exclusivamente en la supresión de sus desequilibrios por los países deficitarios.
- Aunque algunos preconizaron una mayor simetría en ese proceso de ajuste, otros consideraron natural que Alemania y los demás países que están respaldando el Fondo de Estabilidad impongan una política de rigor a los países a los que más beneficia la existencia de dicho Fondo.
La propuesta alemana de un “Pacto de Competitividad” orientada a prevenir los desequilibrios macroeconómicos graves –no sólo los presupuestarios- y a coordinar más estrechamente ciertos aspectos de política económica resulta aceptable para España en cuanto al fondo. Pero ha suscitado un cierto “lío institucional”, al formularse por Alemania y Francia con carácter inter-gubernamental, sin sujetarse al “procedimiento comunitario”.
- Los mensajes públicos que vienen lanzando Alemania son equívocos, y pueden acabar poniendo en peligro la “tregua” que viven los mercados de deuda en los últimos meses.
Asoma en ellos una notable contradicción: de un lado, se preconiza la “participación del sector privado” (bail-in) en la eventual restructuración de la Deuda soberana de algunos países; pero al mismo tiempo se consideraba impensable imponer pérdidas (haircuts) a los acreedores privados ordinarios de los bancos, de suerte que se pretende que sean de mejor condición los acreedores de los bancos privados que los de los deudores soberanos.
Algunos países han llegado a afirmar que la operación de salvamento a Irlanda estuvo dirigida primordialmente a favorecer a sus bancos acreedores, que son en gran medida alemanes y franceses, de suerte que han sido los demás grandes países financiadores del Fondo de Estabilidad Financiera –como por ejemplo Italia- quienes han financiado un rescate indirecto de los bancos alemanes.
A la vista de ese papel decisivo de los sistemas bancarios en la inestabilidad de los mercados del euro, algunos han preconizado que la clave de aportación al Fondo tome en cuenta no sólo la participación en el BCE, sino también el tamaño de su sector financiero.
Conclusión
La mayor tranquilidad de la que viene gozando España en los mercados financieros y la reciente mejora de la opinión pública internacional hacia nuestro país son frágiles: constituyen una “tregua” que pudiera truncarse si el Consejo Europeo de marzo no emite mensajes claros que afiancen el clima de confianza internacional en Portugal y España, y eviten una nueva oleada de pesimismo cuyo contagio a otros países de la zona euro pudiera tener un alcance imprevisible.
La mejora en la “comunicación externa” de la situación de España todavía no se ha visto correspondido por la “comunicación interna” hacia los ciudadanos españoles, que están sufriendo los efectos no sólo de una contracción coyuntural de la demanda interna, sino también de una crisis estructural más profunda, que exige que la economía española reasigne casi un 5% de su PIB –correspondiente a la hipertrofia de la actividad inmobiliaria- hacia otros sectores económicos más orientados hacia la economía internacional.
Esas inquietudes económicas se ven agravadas por la imagen de permanente disenso y enfrentamiento político que transmiten a menudo a la opinión pública los medios de comunicación.
Por fortuna, sin embargo, las grandes reformas económicas acometidas los últimos meses han sido refrendadas por el Parlamento.
Nota:
Puesto que, por razones de espacio, "Expansión" nunca pueda publicar íntegramente estos resúmenes de los debates del Consejo Asesor, los publico yo íntegros en este blog. Yo los redacto materialmente, pero su versión final es aprobada por el conjunto de los participantes en cada reunión y pretende reflejar -siguiendo la regla de la "Chatham House" (es decir, sin atribuir opiniones concretas a nadie, pero relatando todo las opiniones sustantivas)- los distintos puntos de vista manifestados durante la reunión.
En suma, estos resúmenes que publico en la sección "Consejo Asesor" tienen una naturaleza distinta a la de los otros posts, que reflejan exclusivamente mis puntos de vista.
