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entran a un piso, desaparecen y extorsionan al dueño.
@Gustavo Bravo.- 25/04/2010
Los caseros tienen la propiedad pero no la posesión de sus inmuebles. No entender esta sutil diferencia puede salir caro. Hace dos semanas, una mujer de 47 años se personó en un piso que su madre tenía alquilado para exigir a la persona que estaba viviendo en él que pagara el alquiler. Entró en la casa y se negó a abandonar la entrada hasta que el inquilino solventase su deuda. El presunto deudor llamó a la policía y la acusó de allanamiento de morada. La casera ‘justiciera’ fue condenada a seis meses de cárcel por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Jaén.
Historias como la antes expuesta son ya lugares comunes para los bufetes de abogados especializados en conflictos inmobiliarios. En España hay 2,2 millones de hogares que viven de alquiler, y según varios expertos entrevistados por El Confidencial, la crisis ha provocado que muchas familias hayan dejado de pagar sus arrendamientos. La última moda no es dejar de pagar. Entrar en un piso, ‘desaparecer’ y extorsionar al dueño para que éste recupere su inmueble es lo último en morosidad de interiores. Los abogados lo llaman ‘alquileres chantaje’.
José Antonio Panadero, abogado del bufete Velázquez 27, considera que la situación ha mejorado bastante con la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, la última reforma en materia de alquiler conocida más popularmente como la ley de desahucio exprés, y que sobre todo facilita la citación del inquilino moroso, la parte más ‘engorrosa’ del cobro forzado.
“Hemos llevado el caso de un restaurante cuyo alquiler ascendía a 2.500 euros al mes en una zona bastante céntrica de la capital. El inquilino lo cerró, se marchó a su pueblo y no pasó ni una sola mensualidad”. Casos como este hacían prácticamente imposible el cobro, ya que para poder empezar el proceso legal es imprescindible conseguir que la citación le llegue al moroso. “Al estar en paradero desconocido, tuvimos que poner detectives privados en el caso para encontrarle”, asegura Panadero. “El problema es que no se trata sólo los meses que no ha pagado, sino de todos los que mantiene el restaurante cerrado con la imposibilidad de que el dueño gane dinero con el local”.
En este caso, el inquilino desaparecido intentó negociar la devolución de las llaves con un acuerdo económico mediante el cual el dueño del local debía pagarle unos 7.000 euros y el asunto quedaría zanjado. Gracias a la investigación privada del bufete el presunto chantajista fue localizado y el restaurante pudo cambiar de mano y abrir al público tres años después. “Otros prefieren pagar y quitarse de líos –explica el abogado. A muchos, entre la lentitud del proceso judicial y los costes, les sale rentable ceder al chantaje”.
Mejoras en una ley “lenta”
La principal mejora que introduce la ley de desahucio exprés, según Panadero, reside en las muchas formas en las que ahora es posible notificar las citaciones de muchas formas (antes sólo se podía hacer personalmente), y “dando facilidades en supuestos de modificación de domicilio”.
Entre otras, las principales mejoras introducidas en la ley obligan al presunto moroso a consignar las rentas que adeuda para poder recurrir una sentencia o reducen a un mes el plazo máximo de requerimiento. “Ahora si un casero alerta de un impago hay un plazo máximo de un mes para efectuarlo antes de llegar a juicio”.
Pero los expertos en procesos legales coinciden en que en estos casos “se tarda demasiado en llegar al juicio. Es el caso de Alejandra, quien hace unos años alquiló un piso a un trabajador de una gran empresa de Vitoria-Gasteiz. “Le pedí la nómina para comprobar su solvencia económica e hicimos un contrato a través del cual debía pagarme 500 euros al mes. Estuvo nueve meses pero sólo me pagó los dos primeros. Al no pagar a partir del tercer mes, tuve que buscar un abogado y un procurador. Mi abogado le envió una carta de conciliación y, al no presentarse, le llevé a juicio”.
Pero el inquilino no aparecía. “Ante su ausencia, se le volvió a citar y tampoco acudió. Se dio por perdido el juicio y en la sentencia figuraba que debía abandonar el piso. Al llegarle la notificación se fue, llevándose las llaves, así que tuve que denunciarle de nuevo por ello. Yo seguía sin poder entrar en mi piso, ni cortarle el agua ni el gas. Hubiera tenido que acudir la Policía si no fuera porque un día dejó la llave en el buzón”.
Ante el impago, su abogado le recomendó pedir el embargo de su nómina y cuando la carta llegó a su empresa, él moroso pidió el finiquito, a pesar de que sólo le embargarían 3.000 euros en mensualidades de 500, de su salario de 1.000 euros. El inquilino, sin nómina, se fue a vivir con sus padres y nunca más se supo.
Para Panadero este tipo de procesos deberían ser juicios sumarios, para tener preferencia y poder resolverse positivamente. “De hecho, los legisladores son conscientes de esta deficiencia de algún modo, por ello han introducido el artículo 437.3, en el que se prevé el perdón total o parcial de las cantidades adeudadas si se produce el desalojo voluntario”.
Historias como la antes expuesta son ya lugares comunes para los bufetes de abogados especializados en conflictos inmobiliarios. En España hay 2,2 millones de hogares que viven de alquiler, y según varios expertos entrevistados por El Confidencial, la crisis ha provocado que muchas familias hayan dejado de pagar sus arrendamientos. La última moda no es dejar de pagar. Entrar en un piso, ‘desaparecer’ y extorsionar al dueño para que éste recupere su inmueble es lo último en morosidad de interiores. Los abogados lo llaman ‘alquileres chantaje’.
José Antonio Panadero, abogado del bufete Velázquez 27, considera que la situación ha mejorado bastante con la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, la última reforma en materia de alquiler conocida más popularmente como la ley de desahucio exprés, y que sobre todo facilita la citación del inquilino moroso, la parte más ‘engorrosa’ del cobro forzado.
“Hemos llevado el caso de un restaurante cuyo alquiler ascendía a 2.500 euros al mes en una zona bastante céntrica de la capital. El inquilino lo cerró, se marchó a su pueblo y no pasó ni una sola mensualidad”. Casos como este hacían prácticamente imposible el cobro, ya que para poder empezar el proceso legal es imprescindible conseguir que la citación le llegue al moroso. “Al estar en paradero desconocido, tuvimos que poner detectives privados en el caso para encontrarle”, asegura Panadero. “El problema es que no se trata sólo los meses que no ha pagado, sino de todos los que mantiene el restaurante cerrado con la imposibilidad de que el dueño gane dinero con el local”.
En este caso, el inquilino desaparecido intentó negociar la devolución de las llaves con un acuerdo económico mediante el cual el dueño del local debía pagarle unos 7.000 euros y el asunto quedaría zanjado. Gracias a la investigación privada del bufete el presunto chantajista fue localizado y el restaurante pudo cambiar de mano y abrir al público tres años después. “Otros prefieren pagar y quitarse de líos –explica el abogado. A muchos, entre la lentitud del proceso judicial y los costes, les sale rentable ceder al chantaje”.
Mejoras en una ley “lenta”
La principal mejora que introduce la ley de desahucio exprés, según Panadero, reside en las muchas formas en las que ahora es posible notificar las citaciones de muchas formas (antes sólo se podía hacer personalmente), y “dando facilidades en supuestos de modificación de domicilio”.
Entre otras, las principales mejoras introducidas en la ley obligan al presunto moroso a consignar las rentas que adeuda para poder recurrir una sentencia o reducen a un mes el plazo máximo de requerimiento. “Ahora si un casero alerta de un impago hay un plazo máximo de un mes para efectuarlo antes de llegar a juicio”.
Pero los expertos en procesos legales coinciden en que en estos casos “se tarda demasiado en llegar al juicio. Es el caso de Alejandra, quien hace unos años alquiló un piso a un trabajador de una gran empresa de Vitoria-Gasteiz. “Le pedí la nómina para comprobar su solvencia económica e hicimos un contrato a través del cual debía pagarme 500 euros al mes. Estuvo nueve meses pero sólo me pagó los dos primeros. Al no pagar a partir del tercer mes, tuve que buscar un abogado y un procurador. Mi abogado le envió una carta de conciliación y, al no presentarse, le llevé a juicio”.
Pero el inquilino no aparecía. “Ante su ausencia, se le volvió a citar y tampoco acudió. Se dio por perdido el juicio y en la sentencia figuraba que debía abandonar el piso. Al llegarle la notificación se fue, llevándose las llaves, así que tuve que denunciarle de nuevo por ello. Yo seguía sin poder entrar en mi piso, ni cortarle el agua ni el gas. Hubiera tenido que acudir la Policía si no fuera porque un día dejó la llave en el buzón”.
Ante el impago, su abogado le recomendó pedir el embargo de su nómina y cuando la carta llegó a su empresa, él moroso pidió el finiquito, a pesar de que sólo le embargarían 3.000 euros en mensualidades de 500, de su salario de 1.000 euros. El inquilino, sin nómina, se fue a vivir con sus padres y nunca más se supo.
Para Panadero este tipo de procesos deberían ser juicios sumarios, para tener preferencia y poder resolverse positivamente. “De hecho, los legisladores son conscientes de esta deficiencia de algún modo, por ello han introducido el artículo 437.3, en el que se prevé el perdón total o parcial de las cantidades adeudadas si se produce el desalojo voluntario”.
