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Secretos de la banca suiza al descubierto: De cómo el revelador del fraude acaba en la cárcel y el máximo culpable sale sano y salvo
El ex banquero de UBS Bradley Birkenfeld puso documentos que incriminaban a su empresa en la mesa del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero en el mismo momento en el que lo hizo se fabricó su propia trampa. Ésta es la última entrega de los secretos de la banca suiza, desvelados por un particular garganta profunda que ahora cumple una condena de 40 meses en la cárcel.
(Nueva York, EEUU). Bradley Birkenfeld se había metido en una trampa de osos. El ex alto ejecutivo de UBS se había ofrecido como informador a los fiscales del Departamento de Justicia de EEUU (DOJ), y a lo largo de varias reuniones con ellos en Washington D.C. les había aportado pruebas que demostraban que el mayor banco de Suiza había violado las leyes fiscales de EEUU y supuestamente contribuido durante bastante tiempo a defraudar al Gobierno, lo que supuso ganancias para la entidad bancaria superiores a 200 millones de dólares al año.
Pero ahora le estaban haciendo preguntas que no estaba dispuesto a contestar. El fiscal principal del DOJ, Kevin Downing, quería nombres, la lista completa de clientes del alto ejecutivo: todos los millonarios y multimillonarios a los que había ayudado a abrir cuentas secretas en Suiza.
Revelar las identidades de sus clientes iba en contra de la ley suiza, explicó Birkenfeld a los fiscales. Como banquero registrado y residente en Suiza, se arriesgaba a ir a la cárcel si violaba la confianza de sus clientes.
Downing acusó a Birkenfeld de estar jugando con ellos. Más tarde, cuando el caso explotó y tuvo que ser tratado en esferas más altas, el presidente suizo Hans-Rudolf Merz y su ministra de Asuntos Exteriores invocaron las mismas leyes suizas sobre confidencialidad en las negociaciones con el secretario del Tesoro de EEUU, Timothy Geithner, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y obtuvieron los mismos resultados negativos.
Downing vio en Birkenfeld nada más que un informador realmente listo que estaba intentando soplar el silbato a su propio ritmo. Y ahí fue cuando se acabó el baile con el Departamento de Justicia. Birkenfeld y sus abogados dicen que le ofrecieron una solución sencilla: si el DOJ daba a Birkenfeld la cobertura de una citación judicial, él podría demostrar al Gobierno suizo que se había visto forzado a dar los nombres.
“Nunca se entendió por qué no quisieron hacer eso”, explica Dean Zerbe, miembro del equipo legal de Birkenfeld y antiguo investigador y asesor fiscal del Comité de Finanzas del Senado. (El DOJ rechazó varias peticiones de entrevista para este reportaje).
En lugar de eso, a finales de 2007 Downing comenzó a investigar de forma secreta a su informador. El rastro le llevó a Orange County, y a las oficinas del millonario constructor Igor Olenicoff, antigua gallina de los huevos de oro de Birkenfeld y que pasó a convertirse en la de Downing.
El 12 de marzo de 2008 Downing y su equipo de investigadores volaron a California para una reunión secreta. Olenicoff apenas les había recibido en su oficina cuando Downing le amenazó: “No nos tomes el pelo. Iré a por ti si lo intentas”, según recuerda el millonario. Olenicoff aceptó hablar y le contó a Downing todo lo que sabía de Bradley Birkenfeld.
Cuando Birkenfeld se subió a un avión en Suiza rumbo a EE UU un par de meses después, no tenía ni idea de que Olenicoff había presentado pruebas contra él. Y no sabía tampoco que Downing había presentado una acusación sellada contra el banquero basándose en la información aportada por Olenicoff.
Había dos agentes del Departamento de Seguridad Nacional esperándole cuando su avión aterrizó en Boston. Cuando uno de ellos miró su foto del pasaporte y después le miró a él, el corazón de Birkenfeld se hundió. “Me dijo, ‘Oh, parece que hay un error en su pasaporte’. Yo sólo pensé ‘Bueno, lo que sea. Joder, esto se ha acabado’”.
Su detención no fue una sorpresa total, asegura Birkenfeld. La semana antes, el responsable internacional de Gestión de Riquezas del continente americano de UBS, Martin Liechti, uno de los ex jefes de Birkenfeld y supuestamente cómplice en el fraude, había sido detenido y esposado en el aeropuerto de Miami, en tránsito hacia Sudamérica, como testigo material en la investigación del DOJ.
“Me podía haber quedado simplemente en Suiza”, asegura Birkenfeld. “El DOJ estaba jugando muy fuerte, ¿pero qué iba a hacer? Había dado el paso adelante como informador. No estaba intentando esconderme”.
Birkenfeld pasó la noche en una cárcel cercana al aeropuerto y fue procesado a la mañana siguiente en un tribunal federal de Boston, acusado de un delito de conspiración criminal para defraudar al Gobierno de EEUU.
Birkenfeld finalmente terminó por declararse culpable. Además de ayudar a Olenicoff a evadir más de siete millones de dólares en impuestos, admitió haber asesorado a sus clientes en todo tipo de tácticas para ocultar sus cuentas secretas, que había aceptado fajos de dinero de clientes estadounidenses para depositarlos en bancos de Suiza, Liechtenstein y Dinamarca, y que en una ocasión incluso había llegado a comprar diamantes para un cliente y los había introducido en EEUU en un tubo de pasta dentífrica.
El juez le condenó a 40 meses de cárcel, la mayor pena impuesta hasta ahora a alguien relacionado con este caso. UBS aceptó pagar 780 millones de dólares (611 millones de euros) para evitar un juicio, admitiendo que promovió la evasión de impuestos entre 2000 y 2007. También aceptó entregar los nombres de unos 4.500 clientes con residencia en EEUU, lo que finalmente fue aprobado por el Parlamento de Suiza en junio.
Pese a todo, no deja de resultar extremadamente raro que el Departamento de Justicia persiga a un informador valioso. Dada la gran magnitud del fraude de UBS, las razones del por qué el Gobierno detuvo a un chivato que se presentó de manera voluntaria siguen siendo una incógnita para muchas de las personas que han seguido el caso.
Pero ahora le estaban haciendo preguntas que no estaba dispuesto a contestar. El fiscal principal del DOJ, Kevin Downing, quería nombres, la lista completa de clientes del alto ejecutivo: todos los millonarios y multimillonarios a los que había ayudado a abrir cuentas secretas en Suiza.
Revelar las identidades de sus clientes iba en contra de la ley suiza, explicó Birkenfeld a los fiscales. Como banquero registrado y residente en Suiza, se arriesgaba a ir a la cárcel si violaba la confianza de sus clientes.
Downing acusó a Birkenfeld de estar jugando con ellos. Más tarde, cuando el caso explotó y tuvo que ser tratado en esferas más altas, el presidente suizo Hans-Rudolf Merz y su ministra de Asuntos Exteriores invocaron las mismas leyes suizas sobre confidencialidad en las negociaciones con el secretario del Tesoro de EEUU, Timothy Geithner, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y obtuvieron los mismos resultados negativos.
Downing vio en Birkenfeld nada más que un informador realmente listo que estaba intentando soplar el silbato a su propio ritmo. Y ahí fue cuando se acabó el baile con el Departamento de Justicia. Birkenfeld y sus abogados dicen que le ofrecieron una solución sencilla: si el DOJ daba a Birkenfeld la cobertura de una citación judicial, él podría demostrar al Gobierno suizo que se había visto forzado a dar los nombres.
“Nunca se entendió por qué no quisieron hacer eso”, explica Dean Zerbe, miembro del equipo legal de Birkenfeld y antiguo investigador y asesor fiscal del Comité de Finanzas del Senado. (El DOJ rechazó varias peticiones de entrevista para este reportaje).
En lugar de eso, a finales de 2007 Downing comenzó a investigar de forma secreta a su informador. El rastro le llevó a Orange County, y a las oficinas del millonario constructor Igor Olenicoff, antigua gallina de los huevos de oro de Birkenfeld y que pasó a convertirse en la de Downing.
El 12 de marzo de 2008 Downing y su equipo de investigadores volaron a California para una reunión secreta. Olenicoff apenas les había recibido en su oficina cuando Downing le amenazó: “No nos tomes el pelo. Iré a por ti si lo intentas”, según recuerda el millonario. Olenicoff aceptó hablar y le contó a Downing todo lo que sabía de Bradley Birkenfeld.
Cuando Birkenfeld se subió a un avión en Suiza rumbo a EE UU un par de meses después, no tenía ni idea de que Olenicoff había presentado pruebas contra él. Y no sabía tampoco que Downing había presentado una acusación sellada contra el banquero basándose en la información aportada por Olenicoff.
Había dos agentes del Departamento de Seguridad Nacional esperándole cuando su avión aterrizó en Boston. Cuando uno de ellos miró su foto del pasaporte y después le miró a él, el corazón de Birkenfeld se hundió. “Me dijo, ‘Oh, parece que hay un error en su pasaporte’. Yo sólo pensé ‘Bueno, lo que sea. Joder, esto se ha acabado’”.
Su detención no fue una sorpresa total, asegura Birkenfeld. La semana antes, el responsable internacional de Gestión de Riquezas del continente americano de UBS, Martin Liechti, uno de los ex jefes de Birkenfeld y supuestamente cómplice en el fraude, había sido detenido y esposado en el aeropuerto de Miami, en tránsito hacia Sudamérica, como testigo material en la investigación del DOJ.
“Me podía haber quedado simplemente en Suiza”, asegura Birkenfeld. “El DOJ estaba jugando muy fuerte, ¿pero qué iba a hacer? Había dado el paso adelante como informador. No estaba intentando esconderme”.
Birkenfeld pasó la noche en una cárcel cercana al aeropuerto y fue procesado a la mañana siguiente en un tribunal federal de Boston, acusado de un delito de conspiración criminal para defraudar al Gobierno de EEUU.
Birkenfeld finalmente terminó por declararse culpable. Además de ayudar a Olenicoff a evadir más de siete millones de dólares en impuestos, admitió haber asesorado a sus clientes en todo tipo de tácticas para ocultar sus cuentas secretas, que había aceptado fajos de dinero de clientes estadounidenses para depositarlos en bancos de Suiza, Liechtenstein y Dinamarca, y que en una ocasión incluso había llegado a comprar diamantes para un cliente y los había introducido en EEUU en un tubo de pasta dentífrica.
El juez le condenó a 40 meses de cárcel, la mayor pena impuesta hasta ahora a alguien relacionado con este caso. UBS aceptó pagar 780 millones de dólares (611 millones de euros) para evitar un juicio, admitiendo que promovió la evasión de impuestos entre 2000 y 2007. También aceptó entregar los nombres de unos 4.500 clientes con residencia en EEUU, lo que finalmente fue aprobado por el Parlamento de Suiza en junio.
Pese a todo, no deja de resultar extremadamente raro que el Departamento de Justicia persiga a un informador valioso. Dada la gran magnitud del fraude de UBS, las razones del por qué el Gobierno detuvo a un chivato que se presentó de manera voluntaria siguen siendo una incógnita para muchas de las personas que han seguido el caso.
